Gigantes TIC de EEUU creen que la policia no respeta la privacidad del usuario
Apple, Facebook, Twitter, Snap, Google y Verizon entre otros, creen que la policía debería pedir una orden judicial para acceder a informaciones sobre la ubicación de los usuarios en sus investigaciones.
Más de una docena de empresas de alta tecnología, junto con el mayor operador de telefonía móvil de Estados Unidos, Verizon Communications, han pedido a la Corte Suprema de los Estados Unidos que haga más difícil que los funcionarios gubernamentales tengan acceso a los datos confidenciales que albergan los celulares de los ciudadanos.
Las compañías presentaron un escrito de 44 páginas ante la corte donde se propone que la policía debería tener que obtener una orden antes de poder acceder a las informaciones que revelen el paradero de un usuario de celular.
El documento está firmado por gigantes del sector de la movilidad como Apple, Facebook, Twitter, Snap o Google de Alphabet. Estas empresas consideran que, mientras que cada vez se pueden recopilar más informaciones privadas a través del celular, también se necesita una mayor protección al ciudadano de forma legal, tal y como publica Reuters.
“Que los usuarios confíen en las compañías de tecnología para procesar sus datos con fines limitados no significa que esperan que sus datos íntimos sean monitoreados por el gobierno sin un permiso especial”, dijo el documento.
En su escrito, las compañías dijeron que la Corte Suprema debe aclarar que cuando se trata de datos digitales que pueden revelar información personal, la gente no debe perder protección contra la intrusión gubernamental.
Un ladrón apela su condena por este asunto
Sobre este asunto, destaca la historia de Timothy Carpenter, quien fue condenado en 2013 por una serie de robos a mano armada de las tiendas Radio Shack y T-Mobile en Ohio y Michigan y que ha apelado esta decisión puesto que los fiscales federales ayudaron a ubicarlo cerca de varios de los robos usando la “información de ubicación de su celular” .
Carpenter afirma que sin una orden judicial de un tribunal, tales datos llevarían a una búsqueda irrazonable y la incautación en virtud de la Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Y una corte federal de apelaciones confirmó sus convicciones, encontrando que no se requería ninguna orden judicial.
