Dos meses para registrar bases de datos en Colombia
Adalid recuerda que aunque el 9 de noviembre del año pasado se venció el término para registrar las bases de datos, menos de 10.000 organizaciones cumplieron con la obligación.
Desde las empresas unipersonales, pasando por los tenderos, pequeños comerciantes y profesionales independientes, todos están obligados a registrar sus bases de datos antes del próximo 30 de junio y quien no cumpla con la normativa se enfrena a castigos económicos que van hasta los 1.400 millones de pesos, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) multará a los infractores que no gestionen su registro antes de la fecha mencionada.
Recuerda un comunicado de prensa de la firma Adalid, que aunque el 9 de noviembre del año pasado se venció el término para registrar las bases de datos, según información de la SIC, menos de 10.000 organizaciones cumplieron a esa fecha con la obligación dispuesta por el régimen general de protección de datos personales, reglamentado por la Ley 1581 de 2012.
Los voceros de Adalid, firma especializada en prevención y gestión de fraude en entornos virtuales, consideran que esto indica que la mayoría de los colombianos no entendieron el propósito de dicha normativa que cobija a todas las entidades de naturaleza pública, privada y sociedades de economía mixta.
Entre los que sí cumplieron en su mayoría, dentro del primer plazo, estuvieron las actividades económicas del comercio al por mayor y menor; industrias manufactureras; actividades financieras y de seguros; actividades profesionales, científicas y técnicas, y empresas del sector de la información y las comunicaciones.
Según advierte el Ingeniero John Jairo Echeverry, Director de Servicios Informáticos de Adalid, “la protección del derecho de habeas data en el país ha venido acompañada de la debida regulación en materia legislativa y de una apropiada reglamentación en materia administrativa, sin embargo, la gran mayoría de las empresas, aún no se han alineado con la cultura de protección de datos personales”.
Los expertos sostienen que “la falta de pedagogía e información generó un porcentaje de registro muy pobre en su primera etapa de implementación” pero recuerdan que ahora, “todos los obligados deben estar alertas y tener en cuenta el pazo del 30 de junio para evitar las severas sanciones que ya comenzaron a aplicarse y que van desde dos mil salarios mínimos hasta el cierre temporal o definitivo de estas organizaciones”.
