La nueva ley Argentina Digital es recibida con polémica
La semana pasada se produjo la aprobación oficial de la ley Argentina Digital, un polémico proyecto que regula todo lo relacionado con las tecnologías de la información y las comunicaciones.
La nueva ley Argentina digital ha reemplazado a una normativa que llevaba en vigor desde 1972 y se había quedado claramente obsoleta.
Entre las principales características de Argentina Digital destaca la creación de una Autoridad de Aplicación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC) compuesta por siete miembros y que será la encargada de controlar y regular todo lo relativo a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y demás servicios relacionados, y que estará conformada por todos los actores del ecosistema.
Asimismo, como explican desde la Secretaria de Comunicaciones del Gobierno, establece que los prestadores que tengan la licencia única de Servicios de Telecomunicaciones pasen a tener una nueva licencia sin necesidad de trámites extras, prohíbe que los licenciatarios de servicios de TIC ofrezcan televisión directa al hogar vía satélite, con el objetivo de impulsar el desarrollo de redes locales, y resguarda a las pequeñas y medianas empresas, cooperativas y cableras, previendo zonas de promoción y plazos de espera para el ingreso de los licenciatarios “grandes” a los servicios de comunicación audiovisual.
Entre las voces críticas contra la nueva ley destaca la del Partido de la Red, que entre los motivos para oponerse a la misma ha señalado los siguientes:
–Se establece una autoridad de aplicación elegida por el poder Ejecutivo que se reserva la última palabra en cuestiones críticas, pero no se dice cómo estará compuesta, ni cuáles serán sus limitaciones. Creemos que esta autoridad *tiene* que ser independiente del Poder Ejecutivo, profesional y colegiada, con criterios claros sobre temas como licencias, interconexión, sanciones, etc., y que no dependa de los tiempos e intereses políticos de turno.
-Privacidad: los poderes extraordinarios de esta autoridad de aplicación de la que nada sabemos ponen en riesgo la privacidad y los derechos fundamentales de los usuarios sin dar suficientes garantías sobre cómo serán tratados los datos.
–El texto es contradictorio y confuso. Carece de definiciones y abunda lo impredecible.
-Una ley que impacta sobre las comunicaciones debe fomentar la inversión y la competencia efectiva, dentro de un marco regulatorio justo. Este proyecto hace justamente lo contrario, pues las reglas de juego no son claras y encima quien tiene la última palabra es un órgano de autoridad totalmente discrecional y dependiente del gobierno de turno.
