La Ley de Medios chilena haría pagar a los usuarios de redes sociales

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El proyecto de la Ley de Medios podría hacer pagar a los usuarios que publiquen en su Facebook y la ONG Derechos Digitales ve un atentado a la libertad de los chilenos.

Chile está en plena polémica sobre la libertad de expresión de sus ciudadanos a causa del proyecto de ley de medios digitales (proyectos de ley 9460-19 y 9461-19 que modifican la Ley 19.733) y que podrían hacer que cualquier usuario que tenga un perfil en una red social y publique asiduamente tenga que pagar como si fuera dueño de un medio de comunicación.

La ONG Derechos Digitales trabaja por la libertad de expresión en los medios de comunicación chilenos.
La ONG Derechos Digitales trabaja por la libertad de expresión en los medios de comunicación chilenos.

Muchas organizaciones y expertos consideran que esta Ley de Medios, que aún no se ha aprobado, atentaría contra la libertad de expresión de los ciudadanos chilenos.

Por ejemplo, la Organización no Gubernamental Drechos Digitales ha explicado que el proyecto de ley de medios digitales que se discute en la Cámara, hará que todos quienes posean un sitio web o red social con cuatro publicaciones semanales, sean consideradas responsables de un medio de comunicación social.

Así, añaden los voceros de esta ONG que “si estos proyectos son aprobados, se entenderá por diario todo periódico impreso o en papel o publicado vía digital o electrónica que se publique a lo menos cuatro días en cada semana y cumpla con los demás requisitos establecidos en la ley”.

Y, lo más preocupante para los activistas de la libertad de expresión, “el corte de ‘cuatro publicaciones semanales’ para ser considerado un periódico, haría extensiva la aplicación de la ley a una publicación en Facebook, un blog de uso personal, un tuiteo o una página web con “memes”, con tal que se haga cuatro veces a la semana”.

La organización dice que lo que buscan las autoridades de Chile con esta legislación es “entre otras cosas, impedir el anonimato en la red, un asunto de gran conveniencia para autoridades públicas cuando Internet se ha transformado en una plataforma de crítica, sátira e información de los usuarios hacia el resto de la población respecto a su labor”, como aclara Rayén Campusano abogada de la Universidad de Chile, que durante 2012 fue pasante de ONG Derechos Digitales.

 

 

 

 

 

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