2017: opinar en Internet, en España, supuso muchos delitos
Cuesta encontrar en la última etapa democrática de España un precedente parecido al grado de represión contra la libertad de expresión al que hemos llegado en este año: se ha enviado a personas a la cárcel por simples canciones o por un tuit, dice un informe.
Esta es una noticia sobre la situación de España en la actualidad, pero no está de más recordarla porque las sociedades que hoy se dicen libres pueden dejar de serlo, con terribles consecuencias para los ciudadanos. Internet deja a la vista nuestra actividad diaria, nuestras opiniones políticas, las bromas… Y la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) ha concluido en su último informe que 2017 ha sido el año de los delitos de opinión.
En España, Alfredo Remírez se ha convertido en la primer persona por entrar en prisión con un tuit (dio la bienvenida en la red social Twitter a miembros de ETA cuando salieron de prisión), y otros cuantos se han enfrentado a juicios y a multas por expresar sus opiniones en esta red social. Casandra fue condenada finalmente por la Audiencia Nacional a un año de cárcel y a siete de inhabilitación, por hacer chistes sobre un dictador asesinado hace ya cuarenta años en el país. Según la condena, la joven humilló a las victimas por unas bromas publicadas hace años.
“Cuesta encontrar en la última etapa democrática de España un precedente parecido al grado de represión contra la libertad de expresión al que hemos llegado en este año: se ha enviado a personas a la cárcel por simples canciones o por un tuit. Esto lo teníamos olvidado y ha ocurrido en plena Europa y en pleno siglo XXI. Es tan grave que tardaremos en asimilar su alcance”, denuncia la presidenta de la PDLI, Virginia Pérez Alonso.
Explica el informe que en el mes de marzo, la Audiencia Nacional (un tribunal especial dedicado a delitos de terrorismo y narcotráfico) fue motivo de alarma por el récord de juicios de enaltecimiento del terrorismo en redes sociales que se celebraron en cadena. De estos casos, para evitar condenas mayores, cuatro de los acusados llegaron a acuerdos de conformidad con la Fiscalía y aceptaron penas de uno a dos años de prisión y ocho años de inhabilitación.
