Un juez manda a Google dar información privada de un servidor extranjero

Un juez estadounidense de Philadelphia ha ordenado a Google cumplir con órdenes de registro de clientes en busca de mensajes de correo electrónico almacenado fuera de los Estados Unidos. Esta sentencia contrasta con la decisión de un tribunal federal de apelaciones que llegó a la conclusión contraria en un caso similar con Microsoft.

Ha publicado Reuters que los agentes del FBI tienen autoridad para acceder a informaciones privadas guardadas en servidores externos, es decir, situados en otros países fuera de Estados Unidos, como parte de una investigación por fraudeque se lleva a cabo.

El juez ha recordado que se basa en una ley que sigue exactamente igual desde 1986, y mucho han cambiado las cosas desde entonces. Por ello, hay quienes alegan que dicha ley debe revisarse en el Congreso, pero mientras no llega, esto afecta a todas las empresas tecnológicas que guardan datos dentro y fuera del país.

No hay que olvidar que, aunque gran parte de los servidores donde se almacenan los datos de las grandes empresas se alojan en Estados Unidos, también los hay en el exterior.

Thomas Rueter, el juez federal que dictaminó esta sentencia, considera que “a pesar de la recuperación de los datos electrónicos de Google desde sus múltiples centros de datos en el extranjero, la firma tiene el potencial de invadir la privacidad de los usuarios”.

Google, unidad de Alphabet, por su parte, ha anunciado en un comunicado de prensa que “el juez en este caso, se apartó de los precedentes, y tenemos la intención de apelar la decisión”.

El fallo se produjo menos de siete meses después de que una Corte de Apelaciones en Nueva York dijo que Microsoft no podía ser obligado a entregar mensajes de correo electrónico almacenados en un servidor en Dublín, Irlanda, que los investigadores estadounidenses requerían para sus investigaciones en un caso de narcóticos.

Google recibe más de 25.000 solicitudes anuales de las autoridades estadounidenses para la divulgación de datos de sus usuarios en materia penal, de acuerdo con la decisión del juez Rueter.