La lucha contra la corrupción lleva siglos. La forma en que erosiona las diferentes democracias a lo largo del mundo, cómo afecta la confianza de los ciudadanos y cómo destruye la imagen de gobiernos y políticos no es algo nuevo. Sin embargo, el sueño de países transparentes y sin corrupción está más latente que nunca.
Sin lugar a dudas, acabar con ella llevará años. Pero a diferencia de siglos anteriores, hoy existe una herramienta muy potente que no para de evolucionar: la tecnología. Aunque está lejos de ser la panacea, si se perfila como un agente importante para no solo combatir y prevenir la corrupción, sino también mejorar la eficiencia pública.
Ciertamente, la revolución digital que vive el mundo producto de las nuevas tecnologías está permitiendo, gracias a la automatización, gestionar eficaz y eficientemente la tarea pública. Hoy vivimos la digitalización de servicios, evitando filas y pérdidas de tiempo, además de rendiciones de cuenta que minimizan el error.
Eficiencia y transparencia
A lo largo del mundo, hay varios países que se encuentran impulsando reformas para digitalizar sus procesos. En el caso de Chile, particularmente, se trazó una ruta hacia el 2024 de que todas las instituciones del Estado digitalicen sus procesos y servicios, buscando así cerrar la brechas que han separado a gobernantes y ciudadanos con trámites complejos.
Según la radiografía de la corrupción, desarrollada por la Contraloría General de la República a finales de 2020, el 77,4% considera que el país es muy o totalmente corrupto. Sin embargo, con el apoyo en tecnologías sí se puede construir un Estado más digital, ágil, abierto e innovador con los ciudadanos. En ese sentido, la creación de marcos regulatorios, la simplificación de trámites y la promoción de la integridad pública es fundamental.
La tecnología, regulada y administrada, puede ser el principal motor de cambio en la lucha anticorrupción porque permite prevenir, detectar, investigar y perseguir de manera más efectiva; además de reducir la burocracia y habilitar a la ciudadanía nuevos mecanismos para fiscalizar y ejercer un control social sobre los actos gubernamentales.
Fortalecimiento institucional
Los beneficios de la tecnología asociada a temas de corrupción son variados. Pero lo más importante es que fortalece la confianza institucional y empodera a los ciudadanos con herramientas para detectar irregularidades.
Es fundamental seguir avanzando en el uso intensivo de datos para detectar fraudes e incorporar blockchain en los procesos para seguir perfeccionando los mecanismos de control; mientras hace más eficiente la labor pública.
La tecnología no es un fin, es un medio. Por ende, no se trata de traspasar la responsabilidad y dejar que haga todo. Se requiere seguir innovando en la capacitación de las personas para que las herramientas digitales tengan un uso correcto y eficiente, mientras, se facilita y promueve un flujo bidireccional efectivo entre las instituciones de gobierno y ciudadanos.
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