5G Americas aboga por el despliegue de infraestructura móvil en Bolivia

Mientras mercados como Chile y Perú cuenta con velocidades superiores a los 250 Mbps para acceder a internet gracias a las nuevas tecnologías inalámbricas, la situación es diferente para su vecina Boliva, ya que la expansión de esos servicios se está viendo obstaculizada por los problemas que enfrentan los prestadores de servicios móviles al momento de solicitar autorización para desplegar infraestructura.

Lo cierto es que hablar de Bolivia es hacerlo de en un mercado con alto potencial para las tecnologías de última generación, ya que actualmente cuenta con más de 10 millones de líneas móviles.

Desde 5G Americas resaltan que “la armonización en los procesos de entregar autorizaciones para la expansión de infraestructura de telecomunicaciones debe ser acompañada de medidas informativas que permitan a las personas tener pleno conocimiento del impacto de las antenas de redes inalámbricas en la salud de las personas”.

En ese sentido, indican que “es sumamente importante resaltar los estudios publicados al respecto por la Organización Mundial de la Salud y mostrarles a las personas que hasta la sede de esta entidad tiene en su edificio numerosas antenas para servicios móviles”.

Asimismo, en la organización recuerdan que la expansión de redes móviles de última generación genera importante beneficios para un país, ya que permite crear nuevos modelos de negocio y hace viable la expansión de servicios como salud electrónica, teletrabajo o teleeducación.

Para lograrlo, en 5G Americas apuntan que “el diálogo entre los operadores, el ente regulador y los representantes de la administración local (municipalidades o en departamentos) en búsqueda de prácticas de despliegue de nuevas infraestructuras es fundamental para que se logre un consenso y la adopción de reglas en común”.

En esa línea, recuerdan que “para continuar incrementando la adopción y mejorar las condiciones del servicio, así como también integrar nuevas tecnologías, los operadores deben realizar inversiones continuas en redes e infraestructuras, que sólo pueden materializarse con la obtención de los permisos necesarios”.

Por último, alertan de que “los retrasos en la concesión de estas autorizaciones ocasionan que estas inversiones queden inmovilizando, perjudicando no sólo la prestación de servicios sino también la creación de empleos directos e indirectos relacionados con el despliegue de infraestructura”.