“Los bloqueadores de redes celulares pueden atentar a la privacidad”

La asociación 5G Américas advierte que el uso de bloqueadores celulares requiere reglas claras para preservar la seguridad y los derechos de las personas y es que, “las soluciones que ayudan a prevenir las comunicaciones delictivas desde centros de reclusión pueden afectar el servicio y colocar a los operadores en situación de incumplimiento de obligaciones”.

Por ello, creen que es “necesaria la colaboración con los Gobiernos y establecer lineamientos claros, definiendo las responsabilidades de cada parte para preservar la seguridad pública”.

No hay que olvidar que en América Latina, uno de los usos delictivos de mayor relevancia consiste en las comunicaciones desde penitenciarías con fines extorsivos y, para ello, “los gobiernos y la industria han analizado y adoptado medidas para paliar este tipo de acciones, pero aún existen discrepancias sobre la forma en que deben inhibirse las comunicaciones no autorizadas desde los centros de reclusión”, advierte el último informe de 5G Américas.

De acuerdo con los expertos en el informe ‘El bloqueo de señales de servicios móviles en América Latina‘, “las distintas soluciones tecnológicas que existen para bloquear las señales de radiocomunicación en un área específica son efectivas en mayor o menor medida, pero ninguna es inocua. Se pueden bloquear totalmente las comunicaciones en cárceles, pero se corre el riesgo de afectar el servicio de la población en zonas cercanas”.

Según se expone, algunas leyes indican que la responsabilidad del uso de los inhibidores de señales corresponde al Estado, en tanto que otras señalan que es responsabilidad de los operadores de servicios móviles. A pesar de las diferencias de criterios entre las partes, los operadores móviles han adoptado las medidas propuestas por las autoridades sobre la forma en que deben inhibirse las comunicaciones en las prisiones, en su apego a la ley.

Sin embargo, en algunos casos, explica el informe que “las mismas legislaciones parecieran colocar en una situación análoga a la de cómplices de delito a los operadores al castigarlos con multas económicas —castigos que incluso pueden llegar a ser penales— en caso de que los bloqueos no sean ciento por ciento exitosos”. Como conclusión, el documento resalta que la industria móvil no puede ni debe ser la única responsable de corregir esta situación.