Las teleco colombianas van mejorando en privacidad, aunque poco

Un nuevo informe, realizado por la Fundación Karisma,  la principal organización colombiana de derechos digitales, muestra que las prácticas de las empresas de telecomunicaciones en Colombia, para mejorar la privacidad de los datos de usuarios que manejan, va poco a poco mejorando. 

Así, el segundo informe anual de Karisma examina las políticas disponibles al público en la
transparencia en cuanto a vigilancia de gobierno, protección de datos, privacidad y libertad de expresión de cinco de las mayores compañías de telecomunicaciones: Claro, Tigo-UNE, Telefónica-Movistar, ETB (Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá), y DirecTV.

El informe muestra que las empresas de telecomunicaciones de Colombia aún no han intensificado sus planes para cumplir con las mejores prácticas de la industria tecnológica relacionados con la privacidad y la presentación de informes de transparencia. No obstante, dos miembros clave de la industria de telecomunicaciones de Colombia , ETB y Telefónica-Movistar, han mejorado sus prácticas, con ETB a la cabeza.

Según publican los voceros de la Fundación, ETB no sólo obtuvo el mejor resultado de las empresas evaluadas, sino que “hizo grandes mejoras en sus prácticas en comparación con el año 2015”.  Sin embargo, alertan, “todas las empresas todavía tienen un largo camino por recorrer, es necesario que las otras proveedoras de internet no se arriesguen a quedarse atrás”.

Telefónica-Movistar también ha hecho cambios positivos y empata a  DirecTV  en el segundo lugar si miramos cómo protegen la privacidad de los datos de sus clientes. Por su parte, dos grandes empresas como son Claro y UNE han quedado atrás cuando hablamos de la protección de sus clientes. El informe busca “alentar a estas empresas a desarrollar e implementar buenas prácticas empresariales que fortalezcan la protección de los derechos de los clientes, en particular a través de informes de transparencia que permitan conocer más sobre lo que realmente sucede”.

Finalmente, destaca que la Fundación advierte que “mientras el mundo digital de Colombia continúa avanzando con las tecnologías del siglo XXI, la ley de privacidad del país no ha mantenido el ritmo. Las leyes de inteligencia y penales de Colombia no obligan al estado a informar sobre el número de solicitudes de vigilancia que hace cada año. Las proveedores de Internet no están legalmente obligadas a notificar a sus usuarios las decisiones que autorizan la vigilancia de las comunicaciones. Colombia tiene leyes de protección de datos que obligan a las compañías a publicar sus políticas de privacidad, pero estas políticas de privacidad son a menudo vagas y opacas“.