De acuerdo con diferentes métricas que el gobierno mexicano, asociaciones de la industria y consultorías de investigación de mercados, buscan apoyar en la identificación de dichas localidades, y personas que se quedarán sin televisión pública. El concenso en 2014 llegó a una penetración de 94.9%, que involucra un total de 31.7 millones de hogares mexicanos, siendo un derecho constitucional relacionado al acceso a la información.
La Política para la Transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT) menciona que el Estado decreta el cese de señales analógicas cuando se alcanza un nivel de penetración con receptores o decodificadores aptos para recibir transmisiones digitales en 90% o más de los hogares de escasos recursos definidos por la SEDESOL y los radiodifusores ya ofrecen precisamente esas señales digitales en cada área de cobertura. No obstante, en el caso de Monterrey, una agencia encuestadora bajo el cobijo del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para conocer sobre la penetración de la TDT en esa ciudad, reveló que solamente 10.3% de los hogares en Monterrey no cuentan con capacidades para recibir televisión digital, lo que corresponde a 120 mil 795 hogares o 472 mil 635 personas. Aunque, contrastando con lo dicho por el IFT y la encuestadora, Nielsen IBOPE, una agencia especializada en métricas, señaló que al 14 de octubre de este año, 16% de los hogares no contaban con equipamiento (TV digital o decodificador) para recibir señales digitales. Esto resulta en 645 mil 441 personas, luego del cese de transmisiones analógicas del pasado 24 de septiembre.
Ambas encuestas revelan una falta clara que afecta a la población social y económicamente más desfavorecida, que antes tenían acceso a la televisión. En este sentido los segmentos económicos “D” y “E”, que representan las clases más pobres del país, resultarán más afectadas por la terminación de las señales análogas.
En un ejercicio de extrapolación de resultados de la transición a la TDT de esa localidad al ámbito nacional, resulta que alrededor de 12 millones de mexicanos, ese 10% de la población de un total de 121 millones, dejaría de recibir la señal de televisión en sus hogares al momento de encender sus pantallas al comienzo de 2016. Esto en un ejercicio lineal, como si las condiciones socioeconómicas de Monterrey fueran iguales en el resto del país.
Sin embargo, es previsible que ante la inequidad persistente en la distribución del ingreso, así como las disparidades en hábitos tecnológicos entre las diversas regiones del país, ese porcentaje podría llegar a ser el doble en e incluso mayor en estados de mucho menor grado de desarrollo como Tabasco, Chiapas, Guerrero, Oaxaca.
El proceso de apagón analógico está ordenado a nivel constitucional, para concretarse al finalizar el año. Pero su instrumentación ineficiente afectará otros mandatos constitucionales como el del derecho a la información, para aquellos hogares en los que la televisión constituye su principal, y en ocasiones hasta su único medio de acceso a estos contenidos.
La transición a la TDT supone para el IDET y otras entidades un desafio enorme. Poblaciones en México aún no están preparadas para dicha transición, sin embargo pareciera que el gobierno mexicano seguirá con lo propuesto por la reforma y la liberación del espectro radioeléctrico para 2016.
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