Hace unos días, como se hizo eco SiliconWeek, la publicación The New York Times reportaba las conclusiones de una investigación periodística realizada que apuntaba a que el gobierno mexicano compró software espía para vigilar a periodistas y activistas de derechos humanos. Algo ilegal, puesto que ese software, desarrollado en Israel, debe usarse para investigar casos de seguridad nacional como terrorismo o narcotráfico y no para invadir la intimidad de los ciudadanos.
Ya hace tiempo que se conoció que gobiernos de varios países, también de México, habían gastado grandes cantidades de gobierno en el software espía Pegasus, creado por la firma NSO Group. Una investigación descubrió que este programa estaba instalado en los teléfonos celulares de periodistas como Carmen Aristegui o de abogados como Mario Patrón.
El reporte que apunta a las malas prácticas del gobierno para tener vigilados a aquellos ciudadanos activos por la defensa de los derechos humanos, fue realizado de forma conjunta por Citizen Lab y el organismo mexicano de defensa de derechos digitales R3D, tras haber podido constatar que la Procuraduría General de la República (PGR) mexicana, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y la Secretaría de la Defensa Nacional han adquirido el software de NSO Group.
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