Lo llaman seguridad, cuando podrían decir vigilancia

El 11 de septiembre de 2001, el ataque a las Torres Gemelas por parte de Al Qaeda supuso un antes y un después en nuestro día a día. Ese hecho, sumado a que en ese momento las tecnologías, el uso de computadores, de servicios de correo y mensajería comenzaban a democratizarse, llevaron a que nuestras vidas quedaran más expuestas que nunca. Los ciudadanos comenzamos a aceptar que aumentaran las medidas de control, si así podíamos evitar ataques terroristas. Aunque, cabe recordar que ese control, se usa también para que los gobiernos puedan vigilar a sus ciudadanos.

Otro momento histórico fue cuando Edward  Snowden, un joven que trabajó en la NSA o Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, hacía público que los gigantes tecnológicos a los que regalamos toda nuestra información, habían colaborado en muchas ocasiones con gobiernos de todo el mundo para darles información de ciudadanos. Tan grave fue su revelación que el joven vive protegido ya que se considera que su rebelión para hacer que los ciudadanos conocieran la verdad, es un “acto criminal”.

En América Latina la situación es similar a la del resto del mundo. Y no hay que olvidar los diferentes casos de espionaje que salpicaron a gobiernos de la región y de los que SiliconWeek ya habló en diversas ocasiones.

Francisco Vera, desde Privacy International, una asociación muy activa a la hora de reclamar el respeto a la legislación sobre privacidad en América Latina afirma que, aunque la seguridad se está usando como excusa, deberíamos ver que “privacidad y seguridad no están en contraposición, sino que se complementan, y en ese contexto, los estados pueden proteger legítimos intereses públicos en relación con la seguridad, siempre que sean necesarios y proporcionales al objetivo perseguido”. Ahora bien, “el problema es que eso no se cumple y los argumentos que se entregan no son suficientes para justificar las medidas que se adoptan, o las mismas carecen de racionalidad frente a los objetivos perseguidos”.

¿Hay que aceptar el espionaje de nuestros gobiernos?

La duda es si realmente, la protección a nuestra seguridad merece realmente la pena ese espionaje al que los gobiernos han sometido a sus ciudadanos. No hay que olvidar que el último caso conocido en México, que usó software para investigar, no a criminales, sino a personas activistas por la defensa de los Derechos Humanos.

La experta Giovanna Salazar, vocera de la organización Son Tus Datos recuerda que “sería fundamental que los casos de vigilancia gubernamental ilegal que han sido documentados y evidenciados, hasta ahora, sean debidamente investigados. Es necesario que se lleven a cabo diligencias transparentes, imparciales e independientes al gobierno, que efectivamente deriven en sanciones y en una adecuada rendición de cuentas”. Por qué. Pues, dice la especialista, “esto sentaría un importante precedente y desincentivaría, hasta cierto punto, que prácticas como estas sigan ocurriendo con total impunidad“.

Por su parte, Francisco Vera, de Privacy International, quiere recordar que se pueden hacer frente a estos abusos contra nuestra privacidad como ciudadanos. “Aunque a veces queda la sensación que es imposible detener esta rueda de mayor control y vigilancia gubernamental, no podemos olvidar que en muchos países el derecho a la privacidad fue reconocido tras escándalos de vigilancia o debido a los abusos cometidos por gobiernos autoritarios”, explicó el oficial de políticas públicas de la asociación con sede en la ciudad de Londres.

De este modo, cabe recordar que “en México y otros países latinos han aparecido antecedentes de espionaje a la sociedad civil e incluso respecto a personas desarrollando labores diplomáticas, usando no solamente herramientas tradicionales de interceptación telefónica, sino también el hackeo de dispositivos”, ha afirmado Francisco Vera.

¿Qué debemos exigir como respeto a nuestra privacidad?

“Es esencial que el gobierno mexicano dé a conocer los contratos que ha celebrado con empresas que producen las tecnologías de espionaje y los montos utilizados”, recuerda Salazar. Y es que, no es solo que se espíe a personas, sino que se ha hecho con dinero público sin que se conozca el dinero gastado para un fin que atenta contra los derechos de los individuos. “Es gravísimo que la compra y venta de este tipo de programas de vigilancia, con recursos públicos, se realice en total opacidad. Precisamente, el rol del INAI en este caso (como autoridad no sólo de protección de datos sino también de transparencia) ha dejado mucho que desear“, ha afirmado la experta.

“Como sociedad, creo que la constante exigencia al gobierno mexicano para que rinda cuentas es primordial para impedir que sigan ocurriendo este tipo de abusos e injerencias arbitrarias e ilegales“.

Por su parte, Francisco Vera, afirma que “en general, para que estas situaciones se detengan es necesario tener Estados donde impere el estado de derecho y las acciones ilegales no caigan en impunidad. Esto se logra con un sistema político saludable, libre de corrupción, transparente, y donde exista legislación que proteja efectivamente la privacidad y entregue herramientas legales a los afectados por abusos a la misma”. Suena bien. En la práctica, no parece que sea tan fácil.

Sin embargo, en el caso mexicano, Privacy International ha propuesto “recomendaciones específicas al gobierno para abordar esta situación, aunque probablemente a esta altura el problema requiere, como pide la sociedad civil en ese país, la incorporación de un panel independiente a la indagatoria“, dice el directivo.

Otra opción que menciona Vera: “enfrentar estas prácticas es a través de la litigación estratégica. Tanto en Privacy International como en varias organizaciones latinoamericanas, la litigación ha sido una herramienta útil para transparentar estas prácticas de vigilancia, e incluso para reconocer su ilegalidad. Uno de los mayores desafíos en este punto, es lograr que la litigación sirva efectivamente para detener estas prácticas y corregir las prácticas ilegales de los gobiernos“. 

Estados Unidos podrá revisar las redes sociales de quienes viajen al país ¿Es una medida justificada?

Privacy International es contundente sobre su opinión hacia esta medida tomada hace unas semanas: “respecto a la revisión de redes sociales de quienes viajan a Estados Unidos, hemos señalado que al no existir antecedentes sobre su efectividad, necesidad ni proporcionalidad, se configura en la práctica una violación a la privacidad. Ahora, ello no significa necesariamente que esta política vaya a ser declarada ilegal dentro de los Estados Unidos“, recuerda Francisco Vera.

Además, “también está el problema de que decisiones como ésta pueden ser replicadas en otros países, afectando la privacidad y seguridad de todo el mundo”, dice el directivo. No perdamos esto de vista. Puede sentar precedente para un aumento de la vigilancia global en sociedades democráticas.

También Giovanna Salazar se muestra contraria a la norma. No por opinion personal, sino por legislación: “Esta es una medida a todas luces desproporcional porque, bajo el pretexto de brindar seguridad, atenta contra derechos humanos (principalmente los derechos a la privacidad y a la libertad de expresión)”. Al mismo tiempo, “es una decisión también injustificada ya que, a la fecha, el gobierno no ha demostrado que el revisar redes sociales haya sido o sea efectivo para combatir el terrorismo, por ejemplo”.

Cabe tener en cuenta, como dice la especialista que “la Constitución estadounidense establece límites a este tipo de intrusiones por parte del gobierno, así como diversos instrumentos internacionales de derechos humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (al que se adhirió el gobierno EEUU desde 1992). En este sentido, para que Estados Unidos cumpliera con sus compromisos en materia de derechos humanos, tendría que echar marcha atrás a esta barbaridad”.

Puede leer aquí el reportaje ‘Así se protegen (o debería) los datos privados en Latam‘