El fintech es una realidad. Empresas tecnológicas que usan sus activos para ofrecer servicios financieros. Sin embargo, por el momento no está regulada en muchos países del mundo, entre ellos México. El pasado mes de marzo, las autoridades reguladoras de México lograron sacar un primer borrador sobre las normas que regularían las tecnológicas financieras (fintech), de acuerdo con la información que aportaba en ese momento José Antonio Meade, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que recordó que este borrador ha de aprobarse en el Congreso de la República.
Según un documento filtrado que cayó en manos de Reuters, y que se presentó en el congreso en septiembre, el proyecto de ley contempla reconocer las instituciones de fondos de pagos electrónicos, define las características de los activos virtuales, las condiciones y restricciones de las operaciones y considera nuevos modelos de negocio en el sector financiero, entre otros asuntos.
En principio, se reconocen tipos de instituciones fintech: las plataformas de fondeo colectivo (también conocidas como crowdfunding) y las de fondos de pago electrónico. Pero se deja un apartado a modelos de negocio novedosos, que da lugar a experimentar nuevas ideas que, en este mundo de cambios constantes, no tardarán en aparecer.
Monique Maddy, CEO de Ezuza, startup que opera en México desde hace unos meses, explica que “lo más positivo es su existencia y objetivo” y es que una regulación tiene capacidad para incrementar “la oferta y calidad de los servicios y al mismo tiempo dar acceso a servicios financieros a más personas, contribuyendo a la inclusión financiera en México”.
Otro aspecto positivo, explica Maddy, “es que esta ley brindará certidumbre a empresarios y sobre todo a usuarios, reduciendo la desconfianza y aumentando la transparencia, promoviendo el uso de estas tecnologías en beneficio de la población y de la economía nacional”.
A esto, añade Fermín Bueno, creador de Finnovista, que hasta ahora, las startups estaban en un limbo sin nada de regulación. Por lo que este es un paso “drástico pero creemos que es positivo. Entre otros asuntos, con este respaldo, los ciudadanos podrán confiar más en estas nuevas empresas“.
Desde Unisys, recuerda Eric Crabtree, Vicepresidente y Jefe del área de Servicios Financieros que “la aparición de Fintechs está ocurriendo en todo el mundo, por lo que presenta problemas legales a nivel internacional”. Y es que, recuerda el directivo que “si bien hay claros beneficios de FinTechs con la difuminación de las fronteras entre entidades, las actividades y los legisladores de las jurisdicciones”, también se “deben considerar las implicaciones para los estándares comunes y los principios legales, en la medida en que se alinean con las prioridades nacionales con respecto a la mejora de la experiencia del cliente y el acceso a servicios financieros, además de garantizar la protección del consumidor y mantener un sistema bancario sólido”.
A este recpecto, explica desde Afluenta, explica Rebeca Azaola, Country Manager, que uno de los puntos más psoitivos de contar con una ley “sería el hecho de que tengamos estándares de identificación y prevención de lavado de dinero, que ya hacemos, pero el hecho de ser supervisados y generar reportes pone un estándar a todas las plataformas y se genera confianza”.
Monique Maddy, desde Ezuza, añade que una ausencia de regulación hace más complicado el ejercicio, ya que obliga a empresas nuevas a “encajar sus negocios y operaciones en los marcos regulatorios existentes, que muchas veces son obsoletos para el tipo de innovación que nos ocupa”.
Teniendo en cuenta que hablamos de un sector nuevo, dinámico y donde pueen llegar nuevos actores pronto, la ley que se esgrime incluiría un apartado para ‘modelos novedosos’ con el cual se otorgaría autorización temporal, no mayor a dos años, a proyectos de reciente creación que no encajen en las dos figuras ya contempladas (pagos y crowdfunding, como decíamos anteriormente).
Desde Fintech México, Josu San Martín dice considerar “muy positiva la flexibilidad que otorgan ciertos artículos, puesto que envían mucha de la regulación a disposiciones de carácter general. Asimismo, creemos que los Modelos Novedosos, también conocidos como regulatory sandbox, van a permitir mucha innovación en el sector”.
En lo que respecta a crowdlending, Luis Rubén Chávez Tostado, fundador y CEO en yotepresto.com considera que es “muy positivo que se abra la oportunidad para que inversionistas institucionales calificados puedan ser parte del modelo. Hemos visto como en otros países la incursión de inversionistas institucionales (bancos, pensiones, hedge funds, etc.) ha detonado de forma increíble la industria y permitido a las FinTechs escalar de forma acelerada. Compañías como Lending Club, Prosper, SoFi han colocado préstamos por más de 50 billones de dólares gracias al esquema de marketplace lending, donde los inversionistas institucionales aportan cerca del 60% – 70% de los fondos”.
Según Chávez, “esto permite una mayor penetración de los servicios a más usuarios y con mejores condiciones. En México esto será muy relevante, se trata de una nueva clase de activos de alta calidad, no apalancados y de alto impacto social”.
Sobre qué es necesario para que la ley sea útil, explica Rebeca Azaola, que la naturaleza de la ley es “generar un ámbito de control y por lo tanto establecer marcos rígidos de operación, lo cual es un reto en este tipo de industria”. Recuerda la directiva que este es un sector muy dinámico, por lo que la ley ha de ser abierta para adaptarse. “Se debe permitir no solo la innovación, sino la competencia en el sector para que los realmente beneficiados sean los usuarios y no construir estructuras oligopólicas en donde los únicos ganadores son los dueños de las instituciones”, explicó.
El líder de Yotepresto, recuerda algo muy importante y es que el sector financiero tradicional está muy consolidado y tiene mucho poder. “Hay muchos intereses en juego de grandes jugadores que no se sienten cómodos al tener que compartir el mercado con condiciones menos provechosas para ellos”, por lo que, “hay que tener mucho cuidado de no secuestrar la innovación intentando proteger esos intereses”, dice Chávez.
Desde Afluenta, considera su líder apra México que uno de los puntos negativos de una legislación sería la de “poner tope al monto de las transacciones por ejemplo, ya que se limitaría el crecimiento de la industria y se perjudica a los usuarios”.
Añade Luis Rubén Chávez desde Yotepresto.com que, aunque es comprensible que “la primera versión de la ley incluya restricciones a los nuevos modelos”, los legisladores deben tener en cuenta que un problema es que “la innovación avanza mucho más rápido que la regulación y como sucede cuando cualquier nueva industria entra en proceso de regulación, la autoridad limita mucho el alcance de lo que puede (y quiere) controlar”. El directivo confía en que habrá un “proceso gradual de ir ampliando el alcance conforme el mercado y las autoridades vayan adoptando los nuevos modelos de operación financiera y los beneficios para los usuarios sean cada vez más evidentes”.
Desde Fintech México, San Martín explica que “para poder regular de manera adecuada este sector es importante no prohibir o definir a nivel ley cosas que puedan cambiar, ya que dejarían a los jugadores mexicanos en una desventaja competitiva ante jugadores internacionales. En el proyecto de ley hay prohibiciones o restricciones que nos gustarían quedaran fuera de la ley y se aterricen en las disposiciones de carácter general”. Por ejemplo, recuerda el directivo que “la ley actual establece ciertas restricciones en las opciones de proveedores de servicios que podrán usar las fintech y creemos que sería muy importante flexibilizar ese régimen”.
Desde Finnovista, explica Fermín Bueno que “un asunto que nos confunde es que esta ley habla de penalizaciones de entre 7 y 15 años de cárcel para las empresas que operen tener sin tener la licencia de ITF, una figura que ha creado el gobierno dentro de la regulación y que ofrece licencias. La aceleradora considera que sería positivo Consideramos que sería positivo que los criterios para dar las licencias estén muy bien definidos y no sean discrecionales.
Además, afirma Bueno que “aquellas empresa que no consigan licencia, no pueden operar y consideramos que eso sí puede poner barreras a la innovación” y es que, “de las startups existentes, ¿cuántas cumplen la ley y cuánto deberán gastar para llegar a cumplir la ley?” . Es por ello que considera que “la entidad reguladora debe tener en cuenta las empresas del ecosistema que ya están operando para adecuarse a la realidad existente”.
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