El robo de celulares en América Latina: un problema aún por resolver

El robo de dispositivos celulares, sobre todo los de alta gama, en América Latina, se ha convertido en una de las principales cuestiones de preocupación de los ciudadanos cuando hablamos de seguridad. En algunas ciudades, incluso se recomienda no llevar los audífonos en la oreja porque eso ya hace a posibles atracadores suponer que uno lleva algo de valor en el bolsillo y así se puede ‘provocar’ el  atraco.

La historia de los robos es como un pez que se muerde la cola. Los celulares robados son para venderse posteriormente, generando unos altos ingresos a las bandas organizadas que se dedican a este negocio fuera de la ley. Por ello, las autoridades quieren concienciar  a los ciudadanos de que tengan cuidado a la hora de adquirir dispositivos de segunda mano, y que tengan siempre claro que no han sido previamente sustraidos por la fuerza. Una de las claves para atajar el problema.

Y si vamos aún más allá, Gustavo Petro, alcalde de la ciudad de Bogotá, declaraba hace unos días que las operadoras son cómplices de los robos. De acuerdo con el mandatario de la capital colombiana, a más teléfonos robados, más consumo de nuevos terminales. Estas declaraciones han levantado una gran polémica. Pero aunque nadie de tal nivel lo hubiera comentado antes públicamente, sí que muchas veces los analistas y conocedores del mercado han cuestionado el hecho de que los grandes fabricantes de celulares o las operadoras no implementen un sistema antirrobo eficaz que haga a los cacos recular a la hora de robar, porque saben que los dispositivos pueden bloquearse totalmente y ser inútiles tras un robo.

Las cifras hablan por sí solas

Para empezar, hay que saber que las ventas de celulares robados a usuarios latinoamericanos suponen unas ganancias a estas mafias muy altas. Y no es raro encontrarse en la prensa con algún caso de homicidio porque el delincuente quería hacerse con el celular de un viandante.

Hablamos de un negocio ilícito que a diario se cobra vidas y que mueve más de 12 millones de dólares en todo el mundo, según datos ofrecidos por la Interpol el pasado año.

El 58 % de los usuarios de celulares en América Latina ha sido víctima de robo en el año 2012, de acuerdo a una encuesta realizada a cientos de personas de la región por la empresa eslovena de seguridad informática ESET. No hay cifras oficiales sobre los robos de este año en toda América Latina pero se calcula que, a medida que aumenta el uso de dispositivos inteligentes, también se ha incrementado, de forma considerable, el hurto de estos.

Hace unos días, un informe de la Cámara de Agentes de Telecomunicaciones Móviles de Argentina (Catema) informaba de que se robaban una media de 6.000 celulares diarios en el país. Mientras, en Colombia, los estudios apuntan a que cada dos minutos alguien roba un celular a otro ciudadano.  El año pasado fueron hurtados 907.107 teléfonos en Colombia.

En México, esta misma semana, El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del DF y la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), anunciaban en un encuentro de prensa que los teléfonos celulares son los objetos más robados en México en estos momentos.

Acuerdos entre países y legislación

Uno de los temas clave para atajar este gran problema es la unión de los diversos gobiernos de la región para comprometerse a frenar esta práctica que atenta contra la seguridad de los ciudadanos. De nada sirven los esfuerzos de un país si el vecino no lleva a cabo medidas similares, puesto que se sabe que las mafias funcionan a modo internacional y cuando la situación se les complica en un país, llevan su mercancía a otra nación para conseguir venderla y sacar beneficio. Y otro asunto básico es conseguir que estos robos sean perseguidos por las autoridades.

En la mayoría de los países latinoamericanos, los robos de celulares son considerados delitos menores y no son penados con cárcel. por ello, una medida muy importante es que desde 2011 hay naciones donde se castiga con penas de dos a seis años de cárcel a aquellos que activen teléfonos que han sido bloqueados.

De acuerdo con la  Estrategia Nacional contra el Hurto de Celulares, de la Alta Consejería  Presidencial para la Seguridad y la Convivencia, de Colombia y ya presentado hace unos meses, un celular robado en Colombia, puede tomar dos rumbos diferentes: “ser revendido en el mercado ilegal nacional o ser exportado a países vecinos como Ecuador, Venezuela y Perú“.

De hecho hace unos días, el Ministro de las Tecnologías de la Información y la Comunicación de Colombia, Diego Molano Vega, decía públicamente que mientras que el país ha conseguido llevar a cabo una alianza con el gobierno de los vecinos ecuatorianos para intercambiar las bases de datos de equipos robados en la frontera entre ambos países y poder tener así un mayor control en este problema,  con Venezuela, esto no ha sido posible, aún. Y añadía que “tenemos que asegurarnos que en Venezuela no se activen los celulares que se roban en Colombia, esa es la siguiente tarea que tenemos que hacer”. Parece ser que ya se han firmado acuerdos a este respecto con el país vecino pero que no se están llevando a cabo. Por ello, las autoridades colombianas quieren visitar “en las próiximas semanas” a sus homónimos de Venzuela “para acelerar la implementación de los acuerdos con ese país”.

¿Y los operadores y fabricantes, qué hacen?

¿Has oído hablar del IMEI? Pues bien, todas las tarjetas SIM que hay en el mercado tienen un IMEI (del inglés International Mobile Equipment Identity, Identidad Internacional de Equipo Móvil) es un código USSD pre-grabado en los teléfonos móviles GSM. Este código identifica al aparato unívocamente a nivel mundial, y es transmitido por el aparato a la red al conectarse a ésta. Esto quiere decir, entre otras cosas, que la operadora que usemos no sólo conoce quién y desde dónde hace la llamada (SIM) sino también desde qué terminal telefónico la hizo. La empresa operadora puede usar el IMEI para verificar el estado del aparato mediante una base de datos denominada EIR (Equipment Identity Register).

Se necesita agilizar los trámites de denuncia para conseguir inutilizar estar tarjetas incluidas en celulares robados.

También hay fabricantes que prometen el desarrollo de una tecnología antirrobo. Hay una iniciativa importante desarrollada por  CTIA-The Wireless Association, una organización internacional que agrupa a empresas del sector de la movilidad como Apple, HTC, Google, Microsoft, Motorola, Nokia o Samsung, que anunció  la puesta en marcha unas directrices (llamadas Smartphone Anti-Theft Voluntary Commitment) para que los fabricantes y las operadoras implementen una tecnología que permite intervenir en un smartphone de forma remota, ayudando así a reducir el número de hurtos. Esta podría estar disponible en 2015.

Sin embargo, hay quienes sospechan que este negocio podría no interesar a fabricantes y operadores. Uno de ellos ha sido el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, que pidió a Hugo Ernesto Zárrate, secretario de Gobierno, que redactase una denuncia penal contra los operadores de telefonía móvil del país, puesto que consideran que son muy permisivas e irresponsables en el problema de robo de móviles.

Ambos dijeron en un encuentro sobre este tema que ahora que los equipos hurtados “siguen siendo utilizados con tarjetas de estas empresas a ciencia y paciencia de ellas”, sin importar que el usuario haya interpuesto la denuncia por robo.

¿Qué hacer como ciudadano?

Las autoridades insisten en dos asuntos muy importantes: por un lado, denunciar los robos y, por otro, tener cuidado de no comprar teléfonos robados, a vendedores callejeros o a tiendas sospechosas de trabajar fuera de la legalidad.

Sin embargo, como indicó en un encuentro a comienzos de este año, el vicefiscal General de Colombia, Jorge Perdomo, la Fiscalía hizo un estudio con las empresas de telefonía, concluyendo que en 2013 fueron robados 263.000 equipos tan solo en Bogotá, y de estos casos, solamente el 2% fueron denunciados formalmente, permitiendo a las autoridades realizar una investigación.

Muchos usuarios se quejan de que formalizar una denuncia es un proceso largo y complicado, a causa de la burocracia existente en los países latinoamericanos, pero ese es un tema que, como decíamos con anterioridad, los gobiernos y organismos públicos comienzan a criticar y esperan poder tomar medidas para que el proceso sea más eficaz y ágil.