De acuerdo con las autoridades colombianas, entre los meses de enero y septiembre de este año, se registraron 775.760 celulares robados en el país, lo que supone una caída del 7,4% sobre la cifra presentada en el mismo periodo de 2013, pero no lo suficiente como para que esto deje de ser un tema de preocupación por la inseguridad ciudadana que los hurtos de celulares suponen.
La ciudad más afectada es Bogotá, donde se registran casi la mitad de los hurtos totales. Otro tema de gran preocupación dentro de esta problemática es que se han registrado el asesinato de al menos 16 personas por robo de celulares en todo el país, sólo uno menos que en todo el pasado año.
Por ello, se espera que en los próximos días el gobierno colombiano anuncie nuevas medidas relacionadas con la importación y exportación de celulares, con el objetivo de frenar a las bandas organizadas que venden dispositivos robados, un mercado muy beneficioso económicamente para estos delincuentes.
El decreto que las autoridades colombianas podrían lanzar en los próximos meses, quiere evitar que entren y salgan del país aparatos electrónicos y equipos de manera ilegal y, para ello, se necesita la colaboración de los gobiernos de los países vecinos.
Hace unas semanas, SiliconWeek se hacía eco de una información aportada por el ministro de Tecnologías de la Información y la Comunicación de Colombia, Diego Molano Vega, que afirmaba que mientras el país ha conseguido llevar a cabo una alianza con el gobierno de los vecinos ecuatorianos para intercambiar las bases de datos de equipos robados en la frontera entre ambos países y poder tener así un mayor control en este problema, con Venezuela, esto no ha sido posible aún.
Otra de las medidas que buscará conseguir el decreto es la de acabar con los establecimiento que parecen legales pero que se dedican a comercializar celulares de segunda mano, muchos de ellos robados. A este respecto, hace unos días, los Agentes de la Sijín y fiscales llegaron a un complejo comercial, ubicado en la avenida Jiménez con Caracas, para realizar la extinción de 66 locales donde, según las autoridades, se vendían celulares robados.
De acuerdo con un comunicado emitido por la Fiscalía General de la Nación, los locales están valorados en cuatro mil millones de pesos y serán entregados a la Alcaldía Mayor de Bogotá, que se encargará de desarrollar un plan de reubicación de vendedores ambulantes.
Por Anthony Cusimano, Director de Marketing Técnico en Object First.
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