El espionaje como arma de estado en México revela investigación de NYTimes
El blanco de los ataques son los defensores de derechos humanos, periodistas críticos y miembros de asociaciones anticorrupción y sus familias.
En la más reciente edición del New York Times se puede leer en primera plana: “Spyware dedicado a desarticular crimen es utilizado contra críticos de México”.
El spyware en cuestión es el software denominado Pegasus de la compañía israelí NSO Group, que de acuerdo a reportes sólo es comercializado a organizaciones de gobierno con el fin de combatir a células de crimen organizado como las dedicadas al narcotráfico o el tráfico de personas que operan en gran parte de la geografía mexicana. La investigación relata que desde 2011, al menos tres agencias federales mexicanas han gastado más de 80 millones de dólares en software de espionaje de una empresa israelí.
Investigadores del medio y analistas forenses independientes estudiaron mensajes determinando que el blanco de diversos ataques por medio de este spyware que se instala por mensajes de texto son defensores de derechos humanos, periodistas como Carmen Aristegui – quien destapó el conflicto de interés entre el Presidente Peña Nieto y la constructora Higa en el reportaje La Casa Blanca de Peña Nieto -, e incluso el Director del Instituto Mexicano para la Competitividad que tuvo una participación activa en la redacción de legislación anticorrupción – 3 de 3 – que el Congreso de la Unión aprobó en una versión diluida el año pasado.
Aunque Pegasus no deja huella de el origen del hackeo, la pieza señala que difícilmente el crimen organizado podría tener acceso a esta herramienta además que representa un alto costo con tarifas superiores al medio millón de dólares por su inserción en 10 equipos.
Las implicaciones de lo que revela el diario estadounidense quedan de manifiesto, toda vez que de acuerdo a la asociación independiente Article 19, 33 periodistas han sido asesinados durante la actual administración en México en posible relación con su labor informativa; e incluso la Organización de las Naciones Unidas ONU ha denunciado la impunidad con que se comenten delitos contra los derechos humanos en el país.
